SEPÚLVEDA DEL NUEVO RÉGIMEN AL SIGLO XX
En la sesión de la Comunidad del 13 de enero de 1832[1], se dio cuenta de que la Reina había entrado en el noveno mes de su preñado. Se acordó encargar las rogativas de costumbre, enviando recado de atención al vicario eclesiástico de la villa y su partido para que señalara el día y la hora. Al decidirse así no se percibe ninguna tensión, como las que hasta muy avanzado el siglo anterior se habían producido con esos motivos entre las dos potestades. Para la ejecución de la medida se comisionó al segundo diputado y al personero. De ese embarazo regio nació la infanta Luisa-Fernanda, que tendría su sitio en algunas estampas románticas.
El 13 de mayo se recibió un oficio del administrador patrimonial de La Granja, Marco Frades, anunciando que el día 28 a las once se remataría el servicio de bagages y carruajes para el transporte de tropas al Real Sitio, el cual había quer disponer para la Real Jornada, o sea el veraneo real. La Comunidad debía mandar un comisionado para el acto, en el cual se haría el correspondiente repartimiento del metálico previsto para subvenir a la carga. Fue designado el ochavero de Bercimuel, y se le encargó que “protestara lo perjudicial, haciendo para ello las oportunas gestiones en el tribunal de justicia”. El 12 de noviembre, con vistas al futuro, se hizo ver que para ese servicio de carros y bagages, era preciso llegar a acuerdos con Pedraza, Riaza y Fresno de Candespino. El Intendente de Guadalajara también había instado a ponerse de acuerdo con Buitrago, en pro de una solución más equitativa. El 26 de agosto del año siguiente la Comunidad de Segovia dio cuenta a Sepúlveda de los perjuicios que sus pueblos sufrían “en los embargos de bagages que deben ser relevados por los pueblos de Guadarrama y otros”. Sepúlveda contestó estar en el mismo caso. Una apreciación con la que coincidió un apoderado de Riaza que se presentó en la sesión, Antonio Gómez Gil y Medina[2].
El 18 de septiembre llegó una orden de la Real Cámara mandando hacer rogativas en todas las iglesias del Reino por la salud del Rey, a quien se había administrado el viático. El acuerdo municipal fue cumplirla inmediatamente, también “pasándose recado atento al vicario eclesiástico por dos individuos de esta corporacion”. El 10 de octubre, con mucha retórica, la Comunidad se congratulaba por el restablecimiento del soberano. Se acordó pedir al Cabildo Eclesiástico que el próximo sábado, día 13, se diera un repique general de campanas, y se pidió a los vecinos que esa noche y la siguiente iluminaran sus casas. El domingo habría en la Virgen la correspondiente función de iglesia, cantándose un Te Deum. Y por la tarde “un festejo con diversión de novillos”. Se comisionó a los diputados para que trataran la parte que les tocaba con el vicario y con el abad del Cabildo. Naturalmente se acordó felicitar al Rey, tanto por su salud recuperada como por las acertadas y sabias disposiciones que la Reina estaba tomando durante su enfermedad. Se comunicó a los ochaveros para que asistieran, y al Comadante de Armas de la Villa se le pidió oficiar al comandante interino de los Voluntarios Realistas para que acompañaran a la corporación en el fasto. Dos dìas después los ochaveros contestaron “estar prontos a contribuir individualmente y sin contar con los vecinos de los pueblos todo lo que se gaste en tan digno obsequio”.
En ciertas meditaciones sobre la historia contemporánea española hechas a mediados del siglo pasado se dijo que el país llevaba ciento cincuenta años de guerra civil. Lo cierto es que la presencia en el espectro político y militar del mismo de esos acabados de citar Voluntarios Realistas denotaba una situación de anormalidad. Eran una milicia que había resultado necesaria para el mantenimiento de la monarquía absoluta. Recordemos el título de uno de los Episodios Nacionales de Galdós. La victoria sobre los franceses en la Guerra de la Independencia puso fuera de juego a uno de los contendientes. Pero inmediatamente surgieron otros dos. En cuanto a los afrancesados, acaso podríamos preguntarnos si no equivalieron a esa tercera España de que se ha hablado en nuestra guerra civil declarada de 1936 a 1939.
El mantenimiento de los Voluntarios era una carga de los pueblos. En esa misma sesión del 13 de enero se discutió una propuesta de Riza pidiendo que el gravamen se repartiera entre los ganaderos, y así se acordó, aunque no se consiguió llevar a cabo el encabezamiento de acuerdo con la Mesta, que alegó sus viejos privilegios[3]. El 7 de marzo se trató de una comunicación del Subdelegado Provincial de Propios, quien preguntaba por las diligencias hechas para cumplir una orden de la Dirección General de Propios y Arbitrios de 3 de septiembre para la exacción del impuesto sobre aprovechamiento de pastos en beneficio de los Voluntarios. Se refería a un acuerdo con Riaza de 1827, y pedía explicaciones sobre las contestaciones y oposiciones de los ganaderos, “como asímismo testimonio del acuerdo que dispuso subrogar los arbitrios con la imposición de 8 reales a cada vecino”, y aclaración de “las órdenes por las cuales se decía vino Su Majestad a relevar por punto general a los ganaderos de todo impuesto antiguo y moderno, y en las que parece se han fundado para resistirse al pago”. La contestación se envió por medio del agente de la Comunidad en la Villa y Corte. Lo que más nos sorprende es que de ese acuerdo de 1827 no se sabía nada[4]. De los ganaderos se decía no haber sido capaces de exhibir ninguna orden superior que los eximiera del pago. Y se recordaba la propuesta de Nicanor Díaz de Lavandeira, un alcalde mayor muy polémico, de completar los 6.000 reales que se estimaba podrían imponerse a los ganaderos, con otros gravámenes sobre la corta de árboles, las roturaciones, otros terrenos y 4 maravedíses sobre cada cántara- luego se dice cuartilla- de vino. Con ello se llegaría a los 8.000 reales. De ahí había salido el cálculo de los 8 reales por vecino. Pero esos recursos eran inviables. Además de la resistencia de los ganaderos[5], por ejemplo las cortas de leña eran eventuales. Sin embargo, y la redacción caótica que sigue puede ser un indicio del desconcierto del fondo de la cuestión, “los pagos señalados era indispensable satisfacerlos, como destinados a tan loable objeto, y los pueblos absolutamente indigentes, teniendo presente la total imposibilidad de cobrar por los medios optados por dicho Lavandeira, por habitarse (sic) de perjuicios y costas que fuesen la causa de su total ruina”. La necesidad de recurrir a los medios que se tuvieran a mano, suponía dejarlos “aniquilados por acabar de solventar sus pagos”, aunque “por último fueron apremiados por comisionados y nada deben o poco los pueblos por esa contribución”. La única medida práctica que pudo proponerse fue la la imposición del vino, la carne y el aguardiente. El 25 de febrero siguiente la Comunidad protestó contra la distribución de gastos para la persecución de malhechores que se la exigía. No se había tenido en cuenta lo que le costaban los Voluntarios. El 10 de mayo el Capitán General de Castilla la Vieja mandó conceder la licencia absoluta a los que lo solicitaran, invistiendo a los ayuntamientos de competencia para tramitarlo[6]. Pero el 11 de junio hubo que pagar de los propios 560’20 reales al comandante de su batallón, Antonio Medina, por el repartimiento de cuando habían pasado los reyes de Sicilia. Curiosamente, a la vez se acordó, complaciendo al Subdelegado, suscribirse a la Historia General de España[7].
“Las convulsiones políticas ocurridas años pasados se advierten en el régimen administrativo y económico de los ayuntamientos anteriores”. Así se escribía por la corporación el 13 de septiembre del mismo año, en el decreto en que se autorizaba una transacción con el regidor perpetuo Ángel Bergaño, quien había puesto tierra por medio yéndose a vivir a Tudela de Navarra. Ahora pedía razón de las cuentas que había rendido de la cobranza de contribuciones el año 1819. Para averiguar su paradero había habido en el Ayuntamiento una audiencia con el alcalde mayor de Riaza como comisionado. El Ayuntamiento protestó de que se le cargasen a él las dietas, y no a Bergaño como promotor del asunto. El 12 de septiembre la corporación transigió. Reconoció que tanto Bergaño como Domingo de Córdoba y Verde habían rendido cuentas al ayuntamiento constitucional de 1820, pero el actual no tenía noticia de ello. Bergaño no sólo había recurrido a la Intendencia sino a la Cancillería de Valladolid. El descubierto parece que constaba en poder del ayuntamiento de 1826, pero no había cartas de pago. La aclaración del extremo era precisa para reponer a Bergaño en su cargo, “sin que esto sirva de pretexto a otros que aleguen este caso perticular, atendido a que en el presente el Ayuntamiento no hace más que mostrarse pasivo”. Se convino en pagar por mitad las costas. Se invocaba “la armonía de las familias, la buena armonía y tranquilidad pública”. Bergaño fue repuesto el día 16[8]. Dos después se trató de la solicitud de Córdoba. Se alegó que había caído en insolvencia y andaba pordioseando, y “que siendo público y notorio que la conducta que ha observado y observa es indecente, porque con frecuencia se halla crapuloso, efecto de las bebidas a cuyo vicio está inclinado, y sobre lo que se le habìa amonestado por los ayuntamientos anteriores, sin que hubiera sido de ningún fruto, siendo deshonroso a esta corporación tenerle en su seno”. En la suspensión que le infringió el alcalde mayor se habían invocado también esos motivos fiscales. Al fin la liquidación de Bergaño se aprobó definitivamente el 16 de diciembre. El Ayuntamiento se obligó a pagar a Hacienda su descubierto de 13.803 reales, aunque notificó a Bergaño que debía dar cuenta del gasto realizado en diversos pagos, como 700 reales al médico y cirujano, 40 reales a un propio que fue a Segovia, y 52’78 a los peritos que hicieron la estadística. La liquidación de Bergaño y Córdoba, con un saldo a su favor de 229 reales, concordaba con la certificación municipal.
Bergaño pasó a ser el presidente en funciones del Ayuntamiento. El presidente estaba también destituido por su conducta política. Era Tomás-Manuel de Valcárce. El 19 de noviembre, repuesto, en aplicación de unas normas imás indulgentes de la Reina, Bergaño le entregó la vara. El 3 de septiembre se recibió de Lavandeira una relación de las cartas de pago que conservaba, demostrativas de que la Villa tenía un crédito contra la Real Hacienda de más de 700.00 reales. Se las guardó en la misma caja de hojalata en la que se custodiaba el “Real Fuero”.
La Reina había delegado en el Supremo Ministerio de Fomento todas las materias económicas, políticas y gubernativas. El 14 de diciembre el Ayuntamiento acordó dirigirse a él, exponiéndole la necesidad de reformar la cárcel del partido, donde los presos carecían de seguridad y comodidad. Se imponía su “composición[9]”. Se delegó el asunto en Valcárcel. Ese cambio administrativo nos parece un tanto precursor de aires nuevos. Se decía de los presos “hallarse sin bienes algunos para poder ser socorridos como deben, en perjuicio de la humanidad, compatible con que sean juzgados conforme a su delito”. Pero en Sepúlveda no había para ello ni rentas de cámara ni presupuesto de gastos de justicia, “y que no pueden pasar sin comer, expuestos de otro modo a perecer, contra toda razón y contra lo expresamente mandado por Su Majestad”. No se podía recurrir al sobrante de los propios porque no existía, e incluso de haberlo habido “lo pasan en cuenta de los propios mismos”. Acudieron al Regente de la Cancillería de Valladolid y al Superintendente General de Rentas de Cámara. El 9 de junio anterior había sido destituido el alcaide de la prisión, Frutos Martín, a quien se procesò, por su supuesta negligencia, al fugarse un desertor del Real Cuerpo de Zapadores Su sucesor, Manuel Revilla, tambien estaba obligado a llevar a Boceguillas la valija del correo., pero sólo duró unos días, pues el 16 la Comunidad prefirió a Lorenzo Onrubia. Sin embargo el 18 se trató de los memoriales de dos vecinos, Juan Martín y Manuel Rebollar, pretendiendo lo que se llamaba “administración y conducción de la estafeta”, acordándose fijar edictos para su provisión y convocándose a los ochaveros para decidirlo. Notemos la índole corriente de las competencias de la Comunidad, incluso en ciertos ámbitos muy visibles en la Villa. Una cuestión menor, pero también endémica, que la càrcel arrastraba era su capellanía. Desde un auto de visita de 12 de noviembre de 1755 nada se había remediado. La cobranza de sus réditos y el reconocimiento de sus censos estaban abandonadas. De manera que la aplicación a ella de una fundación hecha a principios del siglo XVII por un sepulvedano muerto en Panamá, Diego García, no resultaba efectiva. El 10 de febrero de 1833 se comisionó al diputado Román-Lorenzo Antona para cobrar los atrasos, reservándose los ediles el nombramiento de capellán, dando cuenta a Su Ilustrísima.
A propósito de la valija, hay que tener en cuenta la trasceendencia que el correo tenía, precisamente en esos tiempos en que la gente que se desplazaba de unos a otros lugares era escasa. La publicación del Boletín Oficial de la Provincia desde el 1 de julio fue ocasión de plantearse la intensificación del de Segovia. Primero se nombró a un llamado Mariano Cristóbal, un hombre de toda confianza que los martes y viernes iría a Pedraza, por 8 reales de salario cada día, para recoger “la correspondencia de aquella ciudad que dirija el administrador de correos a esta villa”, a costa de sus propios y los del partido. Al ochavero de Prádena, Juan Benito, se le comisionó para tratar con el valijero mismo de Pedraza, a fin de que acercara el correo a Sepúlveda los dìas que se conviniera. El día 19 el administrador de Segovia comunicó que ese era el camino, el convenio con Pedraza. Pero el Ayuntamiento pareció pensarlo mejor y replicó que carecía de presupuesto para ello, entendien-do que la carga debía ser de Segovia, aunque mandó hacer una valija para los boletines y el resto de la correspondencia. El 16 de septiembre el Intendente propuso que fuera una de las personas que concurrían al mercado de Segovia el que recogiera los boletines. El Ayuntamiento estimó que esa chapuza quebrantaría la seguridad. Esas personas a veces se iban a otros lugares desde Segovia. Insistía en que según la correspondiente Real Orden el envío era de cuenta de los editores. Además hacía ver las distancias de Sepúlveda a los pueblos del partido, algunos a tres o cuatro leguas, que habrían de acudir a por el correo dos días a la semana. En todo caso cada ochavo debería tener su propio sobre o hijuela.
Las viejas instituciones discurrían en su última vigencia. El 10 de enero se recibió el título de alguacil mayor otorgado el día de Navidad por la Reina a Manuel de Cosío (sic), como teniente de Joaquín de Arteaga, que le poseía perpetuo por juro de heredad. Se exhibió el diploma al público en la puerta de la casa consistorial, y en la sala se le dio posesión bajo juramento. El día 27 llegó el nombramiento del nuevo alcalde mayor, Pedro Esteban Pedrero; “legas, lisas, llanas y abonadas habían de ser las resultas de dicha judicatura[10]”. El 26 de abril se dio cuenta de la escritura de fianza que había otorgado en Peñafiel[11].
El 22 de febero se habían reunido en el ayuntamiento los vocales electores para formar las ternas de determinados cargos, de las cuales el Real Acuerdo haría las designaciones. Eran Andrés-Antonio de la Plaza, Antonio González Guijarro, José López García, Tiburcio Fernánz Trapero, José González Guijarro, José de Córdoba Moreno y José Montero. El 30 llegaron los nombramientos: Tiburcio, Diputado de Abastos; Córdoba, Procurador por el Estado Noble; Procurador Síndico General[12], Manuel Trapero Heras; Francisco Danz Onrubia, Procurador Personero del Común[13]. Un mes después fueron nombrados los procuradores ochaveros y los pobleros. Todo ello se había hecho con arreglo a una Real Cédula del 6 de febrero.
El 8 de marzo se recibió el testimonio de las actas de las Cortes de 1789 sobre el orden de sucesión a la corona. Se encargó a Cosío que transmitiera la complacencia municipal a Su Majestad. Muchos años después y muy turbulentos se publicó un libro polémico titulado ¿Don Alfonso o don Carlos?. Yo recuerdo haberle visto en la Biblioteca Popular de Sepúlveda. Había sido repartido gubernativamente a todos esos centros. Era un eco a la postre ensangrentado de aquella legislación. Pero el 21 de junio el Ayuntamiento se dispuso a celebrar jubilosa y solemnemente la proclamación de Isabel como princesa de Asturias. Los festejos comenzaron un lunes, el 7 de julio: la víspera y los dos días siguientes iluminaciones nocturnas, misa solemne y Te Deum en la Virgen, corrida de novillos con un toro de muerte, baile público y fuegos artificiales. “Y mediante a que el presidente, para dar más realce a estas funciones, tiene ya preparado un globo aerostático, que por su acreditado celo y amor al soberano y real familia pone a disposición de este Ayuntamiento, de que le dan las más expresivas gracias, se señala para su elevación el siguiente día, martes al anochecer, siempre que el tiempo lo permita, y se concluirá con igual baile público. Y para el ajuste de la corrida de novillos se ofrecen hacerlo gratuitamente los señores procurador síndico general de este común y personero del mismo, y se manda a este Ayuntamiento proporcionar los medios y arbiitrios para suplir los demás gastos”. El dìa de San Juan se ajustaron los novillos con un ganadero de Braojos, Manuel Pozo, en no menos de 1.700 reales. Para poder ser capeados, se exigió que estuvieran ya en Sepúlveda la noche del domingo. Los bailes nocturnos serían en la sala de Manuel Páramo, “proporcionando lo necesario”.
Mientras tanto proseguía la vida del lugar y sus vecinos, que también él tenía su propia biografía. ¿Sencilla? A la vez que complicada. Había en él un médico y un cirujano titulares. El cirujano equivalía a los posteriores practicantes. En 1832 el médico Carretero tenía mala salud y, mientras la población estaba agobiada de enfermedades, se ausentaba a menudo. Se dijo haberse ido a Riaza, preparando su traslado. Se le acusó de la muerte de dos pacientes de enfermedades peligrosas a los que se había comprometido a visitar cuando le llegó un permiso del síndico que utilizó inmediatamente. El médico de Fuentepelayo se adelantò, pretendiendo la plaza, a la destitución de Carretero que tuvo lugar el 16 de mayo. La vacante se anunció por edictos en Segovia, Cuéllar, Fuentepelayo, Peñafiel, Aranda, Roa, Valladolid y Buitrago, y se encomendó al agente en Madrid, Salvador Chicharro, su publicación en la Gaceta.
La dotación inicial era de 4.000 reales en metálico, aunque se gestonaba en la Dirección de Propios subirla a 700 ducados. Además la Casa de Expósitos y de Caridad, San Cristóbal, continuaba aportando 40 fanegas de trigo, y el Hospital de la Cruz, regido por la cofradía de su nombre, otras 4 fanegas. Los eclesiásticos en la villa eran entonces nueve. Para la retribución de su asistencia se buscaba un convenio con dicho “estado”. Enseguida se subió el metálico a 7.000 reales, ante la falta de solicitantes, esperando un nuevo Reglamento de Propios[14]. Como éste no llegó, hubo luego que retractarse, manteniendo la cifra sólo para el primer año, con su rebaja luego a 4.000. Resulta penosa esta impotencia municipal frente a los poderes centrales.
En la convocatoria se decía que “además hay varios pueblos de estas inmediaciones que suelen buscar al médico de esta villa para que visite algunos enfermos, y no pernoctando se le permite salir, no faltando a las visitas de los enfermos de esta villa [...]. Y en el interin, se provee, continuará visitándolos el cirujano titular, y el que hay además, a no ser que haya una grave necesidad de médico, en cuyo caso se determinará el que haya de venir”. Entre tanto, el cirujano, José de la Mata Sanz, había pedido más sueldo, pero no le podía dar hasta la aprobación de dicho reglamento nuevo, ya que estaba fijado por el Real y Supremo Consejo. Además del médico de Fuentepelayo, pretendieron la plaza enseguida los de Padilla de Duero, Buitrago y Sotillo de Aranda[15]. Después los de Brihuega, Parla, Cebreros y Baltanás. Pero llegó octubre sin que se hubiera pronunciado la Junta de Medicina y Cirugía de Madrid. El Ayuntamiento instó a algunos solicitantes a acudir a ella, pues “esta población no puede ya estar en el estado de abandono, con perjuicio de la salud pública[16]”. Otro pretendiente era el médico de Fresno, Ignacio Gómez, yerno de Antonio González Guijarro. Éste acusó a un edil de amañar la provisión y de no tener en cuenta el dictamen de la Junta: “zahiriendo altamente” a la corporación, según ésta, que comisionó a Bergaño para considerar las acciones que procedieran. La Junta había poropuesto la terna de Vicente-Nicasio Panadero, Luciano García y García y el mismo Pedro-Antonio Carretero, sin indicar su procedencia.
El Ayuntamiento había aclarado, y modificado como salta a la vista, que el titular “no podrá permanecer fuera, no siendo por orden municipal expresa, y no teniendo que pernoctar sólo podrá salirt con licencia de los regidores y procurador síndico, que no ha de poder hacer ajuste alguno con los pueblos inmediatos, y que será un fiel observante de las recetas en medicina que se presnten en las boticas”. Por los hijos y criados de los vecinos no cobraría nada. Llegada la votación el 16 de diciembre, el procurador Francisco de la Mata protestó por no permitírsele participar en ella más que con voz, pero luego aceptó la exclusión. La voz era por si había perjuicio al Común, que Mata dijo no existía. Del voto no había ni ley ni costumbre. El resultado y las incidencias posteriores nos dejan extrañados. Se prefirió a Panadero, y se le dieron ocho días para posesionarse, pero ya se nombró a Carretero en segundo lugar, y éste fue al fin desginado el 28 de diciembre, “electo de nuevo por esta villa” que se dice. Se tiene la impresión de que el archivo no nos informa de una urdimbre de entresijos.
El caso es que Carretero murió el 8 de julio siguiente, y entonces se acordó con el médico de Fresno que asistiera dos días a la semana a la villa mientras la vacante se proveía. Su alcalde sólo le admitió un día de ausencia, y se reservó su cancelación si la situación se prolongaba, ello “sin ofensas a la delicada, seria y preferida consideración a la humanidad”. Sepúlveda contestó con su “no condescendencia” el 11 de julio. Se hizo un convenio con un médico de Segovia, Valentín Barbero, que solicitó la plaza, lo mismo que el propio de Fresno, y los de Fuentidueña, Fuentespina, Villapeliche, Ulavillas y Meco, además de dos de Madrid. Cuando llevaba tres meses, se le pagaron 1.000 reales, y 750 más por sobrantes de constribuciones; “por desgracia han acaecido muchas enfermedades, de modo que ha sido y es en sumo grado trabajoso”. El 7 de septiembre se discutió la terna enviada por la Junta. No la conocemos. Cosío, que presidía la sesión, hizo notar que estaba encabezada por un médico que sólo tenía cuatro meses de ejercicio, y que la corporación debía poder investigar la conmducta y demás cirunstancias de los propuestos. Sólo el Síndico estuvo de acuerdo en votar la terna. Los procuradores protestaron otra vez por su falta de voto y se manifestaron también conformes con ella. Cosío fue comisionado para tratar con la Junta. Se habnía estipulado en diez y ocho fanegas de trigo el precio de la atención a los eclesiásticos. A propósito de éstos, el 1 de marzo quedó enterado el Ayuntamiento de que un clérigo de primera tonsura, José González Sedeño, había sido encargado por el obispo de ayudar al párroco de San Bartolomé en la enseñanza de la doctrina cristiana.
También estaba vacante la cátedra de Latinidad. El 16 de noviembre de 1833, José-María Cambronero, el secretario de la Real Academia Greco-Latina existente en Madrid, una de las que desaparecieron en el reinado siguiente, escribió al Ayuntamiento pidiendo información de los emolumentos de su dotación y fondos de qué se satisfacían.
En la sesión municipal del 10 de octubre se hizo ver que el puente sobre el Duratón de Nuestra Señora de La Hoz, estaba ruinoso e intransitable. Se pidió al Intendente licencia para repararlo, “para evitar se acabe de destruir”. El convento de La Hoz era de la jurisdicción de la villa, y su comunidad framciscana estaba presente en la vida religiosa de la misma, nutriéndola de predicadores, confesores y celebrantes de misas. Sólo quedaban tres años para su extinción. Uno de los Episodios de Galdós se titula Un faccioso más y algunos frailes menos. Pero de los frailes no quedó ninguno.
Recordamos el título de una novela de André Gide, Les nourriteres terrestres. Naturalmente que el capítulo, de tan denso y perentorio, tenía que habernos dejado huellas archivísticas, por más que nos suenan a esporádicas, sólo cuando surgían amagos conflictivos. Era inevitable que los hubiera entre ganaderos y agricultores. El 18 de enero de 1833 fueron nombrados celadores, atendiendo a las quejas de los últimos. Ante la bajada del trigo en los mercados de la villa, el 1 de marzo se impuso la rebaja de un cuarto en la hogaza de pan, “y que sólo se lleve al respecto de dos cuartos menos en panecillos”. El 10 de mayo se bajó 4 cuartos en la hogaza de 5 libras, y cada panete blanco de 2 libras y media se tasó a 8 cuartos. Los arrendatarios de carnes disponían de cuatro bueyes de exceso. Se anunció su venta a 20 cuartos el cuartal. La presencia de los concejales en los abastos públicos se recompensaba dejándoles algo de las lenguas. De su distribución se ocupaba “el individuo de semana”. Así se hizo saber, recordatorio de la permanencia de la gabela, a los abastecedores de carnes Bartolomé Blanco Lobo y Manuel Zorrilla. La carne gallega era codiciada allí. Ante su falta, a pesar de que en la escritura con ellos se había estipulado, el 17 de mayo se tasó el cuartal en 24 cuartos, 2 menos de los previstos para ella. El 15 de junio se propuso a los pueblos que, con arreglo a su vecindario, nombraran encargados de hacer podas y recorrer los terrenos para extinguir la plaga de langosta, que ya había aparecido en Cantalejo.
El 29 de septiembre era una fecha señalada en el calendario. En la iglesia universal era fiesta de precepto. En Sepúlveda y el país en torno era el cambio de año agrícola. Vencía el pago de bastantes rentas de la tierra y era tiempo de siembra. En Villa y Tierra era la fiesta de la patrona, la Virgen de la Peña. El día de San Miguel de 1833 murió Fernando VII, el último rey absoluto. Ya el 18 de octubre, el Ayuntamiento contestó a una proclama del Capitán General de Castilla la Vieja, ante los vientos de guerra civil, “que procurará por todos los medios a su alcance por la paz y sosiego de esta villa”. Se encargaba de circular la proclama a los pueblos, “encargando a sus justicias que de cualquiera novedad que adviertan, por pequeña que sea, den cuenta sin pérdida de momento”. En el sitio público acostumbrado se fijaría un ejemplar.
Ese mismo día se recibió la orden al concejo de la Reina Gobernadora, mandando que “mi señora doña Isabel II [...] sea proclamada, y se levanten pendones en su real nombre, en las ciudades y villas de estos reinos que es costumbre”. El día 28 acudieron los ochaveros, con la sola ausencia del de Bercimuel. El estandarte debía ser levantado por Valcárce, como alférez mayor, regidor y fiel ejecuitor. Estando ausente, se comunicó a su mujer, Ana-María Vera, para que le diera aviso. El 14 del siguiente mes de noviembre respondió “que es muy sensible no poderlo verificar por ahora, por hallarse bastante incomodado con vivos dolorfes de reúma, pero si lo hará tan pronto como desaparezcan dichos dolores y no hallarse en disposición”. Tres días después la corporación le pidió que mandase hacer el retrato de la soberana, para que el acto tuviera la correspondiente pompa. No hubo respuesta.
El 21 de noviembre lo que la Reina pidió eran “las honras funerales y demostraciones que en semejantes casos se acostumbran”. Fueron fijadas para el 17 de diciembre, con asistencia de los ochaveros, encargándose el sermón de honras al párroco del Salvador, Ignacio de Tejada. Parece que éste era uno de los que se habían distinguido por sus ideas absolutistas. De las exequias no tenemos la crónica. Sí, merced al acta de los escribanos, de la proclamación de la niña sucesora, el 22 de diciembre, a las dos y media de la tarde, “sin embargo de hallarse el día lluvioso”.
En la sala capitular se reunieron todos los ediles menos Valcárce. A casa de éste fue para recogerle una delegación, compuesta por el regidor Andrés del Río, el único que quedaba en Sepúlveda, los diputados de abastos más antiguos y el moderno, y los ochaveros de Cantalejo y Prádena, con unos comisionados municipales, los ministros de la audiencia y los porteros. Fueron a caballo, y volvieron con Valcárce. El Ayuntamiento les esperaba formado. Del Río le prestó homenaje y se le entregó el pendón real. Fueron enganchados los caballos. Abrieron la marcha dos soldados también a caballo del Regimiento 6º ligero de Cataluña y cuatro infantes del Provincal de Ciudad-Rodrigo, siguiendo los alguaciles, porteros, reyes de armas, físicos, “nosotros los escribanos”, los ochaveros y el alcalde mayor. Éste llevaba a su derecha a dicho alférez mayor Valcárce, con el estandarte enarbolado. Cerraban los caballos de repuesto y sendos piquetes de dichos dos regimientos.
Así llegaron a “la Plaza Principal”, donde bajo su dosel estaba el retrato de la reina niña, escoltado por centinelas. Se desmontaron y subieron al tablado el alcalde, el alférez, el regidor, los escribanos y los reyes de armas. Se impuso silencio “al general contento que había”, y el alférez proclamó en alta voz por tres veces:
-Castilla, Castilla, Castilla, por la Reina Nuestra Señora, Doña Isabel II, que Dios guarde.
El alférez tremoló el pendón real, , “repitiendo con muchos vivas el concurso de gentes que presentes se hallaban”. La comitiva desfiló por las calles acostumbradas, que los vecinos tenían adormadas con colgaduras. Concretamente, el acto se repitió en las dos puertas principales, o sea la de la Villa y la del Ecce Homo, por la cual se fue hasta la Plazuela de Santa María de la Peña o Campo de la Virgen. Se volvió a la Plaza, y se siguió por la calle de la Picota, “hasta el descanso que hay pasada la Casa de la Tierra”. De vuelta, por la Puerta de la Villa se entró en la calle de Santiago, y pasando por delante de la iglesia, el regreso fue “por la calle de la parte de abajo[17]”. En la Plaza desmontaron todos, y subidos al balcón de la fachada sobrepuesta al castillo, el alférez dejó colocado allí el estandarte, y los reyes de armas arrojaron al público varias monedas de plata y calderilla. La comitiva acompañó a sus domicilios al alférez y al alcalde.
Además, “dicho señor alférez mayor tuvo una fuente de vino, que de su casa salía a la calle, que duró durante el acto de la proclamación y hasta ya de noche, y después se sirvió en la misma casa un gran refresco, al que concurrieron todas las personas de distinción del pueblo y forasteros y los eclesiásticos”. También hibo una gran iluminación, con repique general de campanas, y baile público en la Plaza. Se había abierto una página nueva de la historia de España.
[1]Entonces las sesiones de la Comunidad, o sea de Villa y Tierra, eran algo tan ordinario como las del Ayuntamiento, o sea las de Villa. Las funciones por los soberanos, desde la proclamación hasta las exequias, eran siempre comunitarias. Recordemos que la Comunidad era el resto que quedaba del término único de la villa y las aldeas al que se otorgó el Fuero repoblador. Uno de tantos detalles de la evolución: el 6 de octubre de 1833 se recibió una certificación del Real Acuerdo, de la petición de exención pedánea de todo su término, hecha por Aldeanueva de la Serrezuela.
[2]Además, no hay que perder de vista que las relaciones locales con el propio ramo hacendístio resultaban variables y hasta dan alguna impresión de contingencia. En 1832 el Intendente mandó imponer el jabón duro, asignando a Sepúlveda 20’20 reales. En cuando a “la propuesta de abonar a la villa la quinta parte del producto del aguardiente de este año, no se accedió porque no había sido encabezada y haberse hecho el remate a favor de la Real Hacienda”. El último día del alño se acordó hacer ver a dicho intendentela injusticia de la cantidad pedida a Sepúlveda por aguardiente y licores, teniendo en cuenta lo pedido a Riaza que tenía el doble de vecindario. Una idea de la circulación monetaria nos la proporciona la obligación de los arrendatarios de puestos públicos de pagar al recaudador dentro del mes, pero en calderilla nada más la tercera parte, que era el máximo admitido por la tesorería.
[3]Era otra idea de Riaza, que no consiguió del Intendente una rebaja de los 3.500 reales que le habían tocado para ese sostenimiento y armamento. El Subdelegado dio un mes perentorio de plazo para la aportación. Lavandeira había propuesto una ampliación del plazo.
[4]El 8 de febrero el Ayuntamiento había acatado una orden del Intenndente de presentar las cuentas de los arbitrios destinados a los Voluntarios desde 1827.
[5]”Que nunca se ha fundado en ninguna real orden que exima a los ganaderos de pago, porque ningún antecedente ha tenido hasta ahora, que sólo le insinuaba Riaza”. A pesar de ello se echaba mano de esos otros medios para aliviar a dichos ganaderos.
[6]El mismo día se presentó la licencia absoluta del miliciano provincial Pedro Revilla, que había servido desde 1825, a la vez que la de otro de Villaseca, Felipe González. El 8 de marzo se había recibido la licencia de cumplido del Real Servicio a Anselmo de Valcárce, hijo de Tomás, expedida por el Inspector Coronel del Real Cuerpo de Artillería, Joaquín Navarro y Sangrán. El día 16 se recibió la orden del Capitán General de que las comisiones de revisión tuvieran lugar en el mismo punto que la última visita. Se dijo al Intendente que se facilitarían el local y los enseres. Se señaló el bajo de la casa de María Nevado, mujer de Juan Rivas del Campo, administrada por Josè González Guijo (sic=Guijarro), quien dijo era de los hermanos Pablo y María, teniendo el primero las llaves. Se mostró de acuerdo, bajo el alquiler que se conviniera. Esta exigencia denota la importancia que a la operación se daba.
[7]El pago había de hacerse a un llamado Domingo Alejandro.
[8]En el archivo siguen, en este mismo libro de acuerdos, cuatro folios, fechados los días 3 de abril, agosto y diciembre, conteniendo la Relación jurada que yo, don Ángel Bergaño, Regidor perpetuo de esta villa y cobrador que fue, en unión de don Domingo de Córdoba y Verde, de la contribución general del Reino en 1819”.
[9]El 28 de noviembre, ante la urgencia de esa reparación, se había conseguido que el Intendente nombrara un maestro de obras de la capital.
[10]El mismo día se nombró cobrador de bulas a Hernando Ortiz. Se había excusado Leoncio Mata, por vivir en la, al parecer demasiado excentrica parroquia de Santa María o Virgen de la Peña.
[11]El sueldo de éste era de 300 reales, de los que pagaba 200 la villa y 100 los pueblos. El Intedente mandó invertir la proporción. El 28 de noviembre se comisionó a Bergaño para gestionar la devolución del exceso pagado, pero parece que los pueblos se negaban a la retroactividad, pretextando que la partida no quedaba clara en las cuentas.
[12]Segundo y tercero en su terna fueron José González Guijarro y Manuel Horcajo Oria.
[13]Tecero en la terna fue Francisco Velasco.
[14]Mientras tanto, “con calidad de reintegro, caso de que los arbitrios no sean equivalentes, se use del sobrante de ramos arrendables”.
[15]Parece que por equivocación el cirujano de San Martín de la Vega.
[16]Mientras se daba alguna aprensión acaso poco justificada. Los cadáveres dejaron de llevarse a la iglesia para su funeral. El mismo año de 1832 la Comunidad denegó una petición de Veganzones de su tránsito por terreno de la misma, para ser enterrados en la ermita de la Piedad, por estar inmediata a un molino muy frecuentado.
[17]Equivalente a la actual carretera.
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